El régimen sancionador vial en Italia podría experimentar un endurecimiento económico notable en el corto plazo. De acuerdo con el mecanismo bienal de revisión previsto en el Código de Circulación transalpino, el importe de las multas de tráfico está llamado a incrementarse en torno a un 6,5% a partir de 2027 para ajustarse a la inflación acumulada, a menos que el Gobierno decrete una nueva congelación legislativa.
Puntos clave de la noticia
- El artículo 195 del Código de Circulación italiano estipula la actualización automática bienal de las multas según el IPC.
- Tras varios años de congelación por la crisis energética, la subida acumulada estimada ronda el 6,5%.
- Infracciones graves como excesos de velocidad o uso del teléfono móvil sufrirían los mayores incrementos absolutos.
- Asociaciones de conductores y consumidores reclaman medidas de contención para no castigar aún más la economía familiar.
El mecanismo legal de actualización automática por IPC
A diferencia de otros países donde la cuantía económica de las sanciones viales solo se modifica mediante leyes específicas aprobadas en el parlamento, la legislación italiana incorpora desde 1992 una cláusula de indexación automática. Cada dos años, los ministerios de Justicia, Economía y Transportes deben calcular la variación del índice de precios al consumo elaborado por el Istat y trasladarla a las tablas sancionadoras.
Durante los últimos ejercicios, el ejecutivo italiano había intervenido mediante decretos extraordinarios para suspender temporalmente este ajuste con el fin de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a la escalada del coste de la vida. Sin embargo, al expirar la vigencia de dichas prórrogas, la actualización latente volvería a activarse de forma automática.
Impacto directo en las infracciones más habituales
De confirmarse el incremento del 6,5%, las sanciones por saltarse un semáforo en rojo o superar la velocidad permitida en más de 40 km/h registrarían aumentos sensibles, superando holgadamente los cientos de euros. El uso del teléfono móvil al volante, una de las conductas más perseguidas por la policía vial, también vería agravada su cuantía mínima.
Mientras las organizaciones de seguridad vial defienden que el aumento disuasorio es necesario para reducir la siniestralidad en carreteras y autopistas, las asociaciones automovilísticas exigen que la recaudación se reinvierta íntegramente en la mejora del asfalto y la señalización antes que en una mera presión fiscal sobre el conductor.
Fuente original: Autonoción
